Significado y retos de la justicia universal en la lucha contra la impunidad en América Latina
Gaby Oré Aguilar - abogada y consultora internacional
La justicia universal se asienta sobre el consenso internacional expresado en tratados internacionales así como en el derecho consuetudinario internacional sobre que ciertos crímenes –crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad- por su atrocidad y dimensión atentan contra toda la humanidad. Erradicar la impunidad de sus perpetradores, es por lo tanto, una tarea de la comunidad internacional que ha resultado en el desarrollo de un sistema de justicia universal que busca a través de distintos mecanismos internacionales y nacionales, que no haya ‘paraísos seguros’ para los perpetradores de estos crímenes.
Los aportes de la justicia universal
En América Latina, la aplicación del principio de jurisdicción universal reviste una gran importancia no sólo por el resultado de la actuación judicial, sino por el efecto simbólico y catalizador que ha tenido en el ‘activamiento’ de casos de derechos humanos por los tribunales nacionales de los países involucrados. El desempeño de los tribunales españoles en la aplicación de este principio ha sido particularmente importante y ha contribuido a trasladar la lucha contra la impunidad al frente doméstico, ya sea a través de la justicia penal ordinaria ó de sistemas especiales -en 2004 Perú adoptó un sistema penal especial de derechos humanos que está juzgando crímenes de lesa humanidad y otras violaciones a derechos humanos cometidas en al etapa de la violencia política.
El potencial rol complementario de la Corte Penal Internacional respecto a los tribunales nacionales en la investigación y juzgamiento de los autores de crímenes internacionales ocurridos en la región, fortalecerá la lucha contra la impunidad. La CPI ya ha manifestado, por ejemplo, su interés en el caso Colombiano en una carta dirigida a ese gobierno a inicios de 2005.
Otros mecanismos de justicia penal internacional como los tribunales internacionales ad hoc (ex-Yugoslavia y Ruanda) ó especiales como el caso de Sierra Leona, han aportado teoría y práctica relevantes en casos que involucran a ex funcionarios y ex mandatarios (como el truncado caso contra Milosevich) en crímenes internacionales incluida la violencia sexual.
Algunos retos
La necesidad de estrategias que fortalezcan el uso y aplicación del principio de jurisdicción universal
La adopción del Estatuto de Roma generó rechazo por países como Estados Unidos que inició una campaña de acuerdos bilaterales para excluir a sus nacionales de la jurisdicción de la CPI cuando actúen en el territorios de países sujetos a esta jurisdicción. Asimismo, la aplicación del principio de jurisdicción universal, en el caso Pinochet y el caso del ex dictador del Chad Hissein Habré, provocaron un efecto defensivo entre los estados que reclamaron una interpretación más restringida de la doctrina. La reacción de las élites políticas o económicas así como los eventuales conflictos diplomáticos y presiones económicas contribuyeron a este resultado.
Sin embargo, recientemente en los dos últimos años, países como España, Holanda y el Reino Unido han acogido denuncias y emitido sentencias, lo que indica una tendencia al fortalecimiento de este principio. ¿Qué factores determinan una u otra tendencia? La separación de poderes, el grado de identificación de su sociedad con los crímenes del país de origen, la presencia de cooperación entre los sistemas judiciales y el nivel de solidaridad y cohesión del activismo local y el transnacional, pueden abonar en esa dirección. Identificar estas tendencias y generar agendas de sociedad civil más activas alrededor de estos objetivos es un reto importante.
Cambiar la tendencia Norte –Sur en la aplicación del principio de justicia universal y enfrentar el reto económico de los procesos
La posibilidad de revertir la tendencia de que los países del norte se hagan cargo de los victimarios del sur, y que un país como Senegal, se haga cargo de un juicio contra el ex dictador del Chad (Hissein Habré) se vislumbró en febrero de 2007, cuando ese gobierno apoyado por los países de la Unión Africana decidió no extraditar a Hissein Habré a Bélgica y solicitar el apoyo de la comunidad internacional para llevar a cabo el juicio. El proceso aún no se ha abierto y se espera que los países donantes y Senegal lleguen a un acuerdo sobre el costo económico del juicio. Esperemos que esta nueva actitud de los países africanos sobre la erradicación de la impunidad en la región llegue a buen puerto y no se trunque por razones económicas.
El financiamiento de los juicios contra los perpetradores de los crímenes de guerra, ya sea en los tribunales internacionales o en tribunales domésticos sigue siendo un tema clave en el acceso a la justicia y un serio obstáculo para promover el principio de justicia universal. Requiere ser abordada a través de mecanismos innovadores de cooperación y responsabilidad, o corre el riesgo de aumentar las razones para el decaimiento de la justicia internacional.
Fortalecer la justicia nacional para lograr la ‘justicia universal’
Eliminar los ‘cuellos de botella’ en la legislación y los mecanismos domésticos de justicia penal es necesario pero no suficiente. Vincular los procesos de enjuiciamiento a procesos de movilización social contra la impunidad es fundamental. En el Perú, la Comisión de la Verdad junto al movimiento de derechos humanos, ha logrado que pese al débil y casi inexistente rol del poder judicial en la investigación y juzgamiento de los crímenes durante los años de violencia, las víctimas vuelvan a confiar en la justicia nacional. Esta vez, se ha conformado un tribunal idóneo y un proceso impecables para juzgar al ex-presidente Fujimori por crímenes contra la humanidad cometidos durante su gobierno.
El fortalecimiento político, institucional y económico del poder judicial así como del marco jurídico y el respeto a su autonomía por el gobierno de turno es esencial en el logro de una justicia más cercana por los crímenes internacionales.
A manera de conclusión
En una región en la que la mayor parte de estos crímenes preceden la vigencia del Estatuto de Roma, la aplicación del principio de jurisdicción universal por tribunales nacionales ha sido hasta hoy el mecanismo más efectivo para perseguir a los perpetradores individuales. Su fortalecimiento e incorporación al derecho interno de los países del Sur Global y sobre todo, como se demuestra en América Latina, la persecución de estos crímenes y la ‘apropiación’ de los aprendizajes de la justicia penal internacional por los tribunales nacionales, penales o especiales, son los terrenos más propicios para lograr justicia contra los perpetradores de estos crímenes.