La Corte Penal Internacional y la lucha contra los crímenes sexuales
La aprobación en 1998 del Estatuto de Roma que dio paso a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) fue una victoria en la batalla contra los crímenes de naturaleza sexual cometidos en los conflictos armados. Por primera vez, los estados miembros de la CPI reconocían ciertos delitos sexuales como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y como causa de genocidio (artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma).
Un éxito de las numerosas organizaciones de derechos humanos que, aglutinadas en el Caucus Internacional de Mujeres por la CPI, lucharon durante años para que se reconocieran estos crímenes. Los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma tipifican los crímenes de violencia sexual. “La lucha ahora debe centrarse en el acceso real a la justicia de las mujeres víctimas de crímenes sexuales -afirma Ana Lucía Herrera, directora de la Corporación Humanas de Ecuador- si no, la Corte fracasará y los procesos de paz seguirán construyéndose sobre el cuerpo de la mujeres” (Entrevista realizada por Worldcom-LolaMora en octubre de 2007. Disponible aquí).
Si bien es cierto que los países que ratifican el Estatuto de Roma adaptan sus normas y reconocen los crímenes sexuales a través de leyes nuevas o de mejoras en las ya existentes, también es verdad que una de las cuestiones más complicadas hoy en día en los procesos de transición democrática es el reconocimiento y la reparación de las víctimas.
En los procesos post conflicto que afrontan ciertos países hoy en día, basándose en mecanismos de la justicia transicional, se observan medidas encaminadas a reconocer los crímenes cometidos y a reconocer a las víctimas como colectivo. Estos mecanismos pueden ser, entre otros, procesos penales con tribunales nacionales, internacionales o híbridos; Comisiones de Verdad y Reconciliación; reformas institucionales y reparación de víctimas. Pero las medidas de reparación de víctimas presentan muchas más complicaciones y problemas. Todo se complica más aún cuando esas víctimas de las que hablamos han sufrido violencia sexual.
Son crímenes difíciles de confesar para las víctimas si no se dan ciertas condiciones de acompañamiento, protección y/o anonimato; es difícil también que los criminales confiesen -sea porque saben de su gravedad, sea porque siguen considerando secundarias sus acciones contra una mujer.
Todavía no existe en el mundo consciencia de las graves consecuencias que tienen sobre la sociedad las violaciones masivas, la esclavitud sexual de menores, la prostitución forzada, los embarazos forzados o los abortos forzados.
El gobierno ruandés adoptó tras el genocidio medidas destinadas a la no repetición. Para ello aprobó leyes de protección y promoción de la mujer y hoy Ruanda es uno de los pocos países del mundo en el que la mitad de los parlamentarios son mujeres, un 48%.
Pero miles de mujeres que sufrieron violaciones y mutilaciones en 1994 siguen esperando tratamiento médico, psicológico, ayuda económica o para sus hijos nacidos de las violaciones. Es decir siguen esperando lo que en justicia transicional se denomina como reparación.
En Colombia se vive otro proceso. En el marco de la ley Justicia y Paz se realizan audiencias con los miembros desmovilizados de los grupos paramilitares. Pero en esas audiencias los crímenes sexuales son los menos reconocidos, pese a que existen informes que señalan que la violencia sexual es un patrón importante en el conflicto colombiano.
Existen los instrumentos jurídicos para combatir los crímenes sexuales y muchas mujeres víctimas denuncian. Pero lo que no existe es el acceso real de las víctimas a la justicia. Miles de mujeres en Colombia, Ruanda, RD Congo, Burundi, Ex Yugoslavia o Darfur siguen esperando justicia y reparación mientras quedan excluidas de los procesos de reconstrucción y reconciliación de sus sociedades.
Ni para la comunidad internacional ni para las autoridades de los países en transición, es una prioridad el acceso a la justicia de miles de mujeres víctimas de crímenes sexuales. Así lo afirmaba en 2006 Deo Mirindi, uno delos reponsabes del programa de Desmovilización, desarme y Reintegración, DDR, en el este de RD Congo.
“La salida de las niñas de los grupos armados es muy complicada. Son utilizadas como esclavas sexuales, como “mujeres” de comandantes y combatientes que quieren mantenerlas junto a ellos. Nosotros apostamos por la paz y la paz es cara. El precio a veces es cerrar los ojos a ciertas violaciones de derechos humanos” (Deo Mirindi, Responsable del programa dirigido a los menores soldados en la ciudad de Bukavu en la República Democrática del Congo. Entrevista realizada por Worldcom-LolaMora en 2006).