El caso de Haití: exclusión y violencia
Amélie Gauthier, Investigadora FRIDE
(23/10/07)
“¿Durante cuánto tiempo más puede ser garantizada la estabilidad del orden económico, social y político en América Latina en este precario equilibrio entre niveles “aceptables” de exclusión y niveles “aceptables” de violencia?”, pregunta Dirk Kruijt al final de su artículo. En el caso de Haití la respuesta sería: no mucho tiempo.
La democracia en Haití es reciente como en muchos países de América Latina. Pero desde la adopción de la Constitución en 1987, nunca hubo estabilidad política y los dirigentes, en general procedentes de la elite haitiana, nunca tuvieron interés en fortalecer las instituciones del estado. Al contrario, la transición democrática de Haití se caracterizó por un poder político corrupto, la creación de milicias para mantener el orden público, además del crecimiento negativo de la economía y altos niveles de exclusión. Tres décadas más tarde, Haití es un país desintegrado e incapaz de hacer frente a las revueltas sociales; un país caótico que sufre altos niveles de violencia y amplia proliferación de armas.
Además, el gobierno no puede garantizar los servicios básicos a la población: El 78% de los haitianos viven con menos de 2$ al día, y el 86% de la población rural es pobre. Las regiones están totalmente desvinculadas de la capital, careciendo de infraestructuras para impulsar el desarrollo económico y reducir la pobreza. La desconfianza hacia las instituciones estatales es muy extendida, especialmente hacia la justicia y la Policía Nacional Haitiana (PNH), que constituye la única fuerza de seguridad legítima para garantizar la seguridad y el orden publico. Ante este vacío de estado y seguridad, varios actores armados han contribuido a consolidar la violencia como modo de vida, generando niveles inaceptables tanto de exclusión como de violencia.
¿Eso significa que cuando se rompe ese equilibrio entre exclusión y violencia la comunidad internacional necesita intervenir? En el futuro inmediato, no. Pero significa que la exclusión causada por la ausencia del estado y el vacío de seguridad crean espacios de los que se aprovechan las bandas armadas para ir prosperando, y puede que se degenere la situación hasta el estallido de una crisis como la de 2004, en la que los actores armados se rebelaron contra el gobierno de Aristide.
Mantener un equilibrio entre exclusión y violencia es difícil. Los gobiernos deben tener voluntad política para luchar contra las bandas armadas e implementar medidas de inclusión social, reducción de la pobreza y lucha contra la desigualdad, en vez de conformarse con un equilibrio ficticio que tiende a empeorar la situación con el tiempo. El estado tiene que jugar un papel central en la erradicación de la violencia y la desmovilización de las bandas armadas y criminales, cada vez más activas y con más poder de desestabilización. En Haití, desde las elecciones del Presidente René Préval y la formación de su nuevo gobierno en 2006, el país ha hecho muchos progresos, impulsados en gran medida por la voluntad política del nuevo gobierno. Sin embargo, el camino por recorrer hacia un estado fuerte, la eliminación de la violencia, una cultura democrática extendida que resulte en una mayor participación ciudadana e inclusión de varios sectores sociales aún es muy largo.