Esto es particularmente cierto cuando se trata de crímenes sexuales, cometidos en situaciones de conflicto armado o de post-conflicto, que suelen permanecer impunes y para los cuales apenas existen mecanismos de reparación para las víctimas. Los cuerpos de millones de mujeres y niñas siguen siendo usados como campos de batalla. La violencia sexual es y sigue siendo un arma de guerra.

La categorización de los crímenes sexuales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el Estatuto de Roma de 1998, que dio paso al establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), así como la participación de las víctimas y testigos en los procesos judiciales suponen un hito en la lucha contra los crímenes de naturaleza sexual cometidos en situaciones de conflicto o post-conflicto. Sin embargo, queda aún mucho por hacer. Estas normas todavía tienen que ser incluidas en las legislaciones o los procedimientos criminales nacionales. La Corte Penal Internacional debe servir como un instrumento para reforzar los sistemas judiciales nacionales de un modo efectivo.

Del mismo modo, en una situación de post-conflicto es esencial la adecuada implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2000 como marco legal de garantía para las mujeres. Dicha resolución urge a los Estados Miembros de la ONU a emprender pasos que incrementen la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los procesos de construcción de la paz.

La reparación de las supervivientes de crímenes de violencia sexual es un derecho y por tanto una de las claves para la reconstrucción y la reconciliación de las sociedades y el alcance de una paz duradera. Los crímenes sexuales persisten en el tiempo cuando no se hace justicia, no se sana a las víctimas y no se evita que se sigan cometiendo.

• Según el United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), la violencia sexual contra las mujeres es una constante en los conflictos armados y las situaciones de post-conflicto en el mundo. +Más.
• Desde la organización LolaMora Producciones se afirma que si bien existen los instrumentos jurídicos para combatir los crímenes sexuales y muchas mujeres denuncian, lo que no existe es el acceso real de las víctimas a la justicia. Miles de mujeres en Colombia, Ruanda, República Democrática del Congo, Burundi, ex Yugoslavia o Darfur siguen esperando justicia y reparación mientras quedan excluidas de los procesos de reconstrucción y reconciliación de sus sociedades. +Más
• Luz Piedad Caicedo escribe sobre el caso colombiano y la Ley 975 de 2005, conocida como “Ley de Justicia y Paz” y se centra sobre todo en los aspectos que afectan el acceso a la justicia por parte de las mujeres. +Más
• “Reparación para las víctimas de violencia sexual a través de lso procesos judiciales. Consideraciones estratégicas para la justicia de género” se titula al artículo de Gaby Oré Aguilar, abogada y consultora internacional. +Más
• Vea también el estudio del Secretario General de Naciones Unidas de 2006 sobre todas las formas de violencia contra las mujeres “Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras a los hechos”. En inglés.

En esta evolución ha desempeñado un papel esencial el desarrollo que ha experimentado el principio de jurisdicción universal. Enmarcado por algunas teorías como un elemento más de la Justicia Transicional, este principio ha hecho efectivo en los últimos años lo que ya proclamaron los Convenios de Ginebra en 1949 así como numerosos acuerdos internacionales posteriores.

Este principio cobró popularidad mundial cuando se detuvo por primera vez al ex-dictador chileno Augusto Pinochet, dejando al mundo boquiabierto, en Octubre de 1998. Tras diversas dificultades a tres bandas (entre Gran Bretaña, España y Chile), esta detención vino finalmente a servir para que fuera la propia justicia chilena la encargada de citar a Pinochet ante los tribunales nacionales, cosa impensable unos años antes.

Por otro lado, la Corte Penal Internacional invoca este principio en su lucha contra la impunidad también desde 1998, tomando como propia esa obligación que vincula a los Estados Contratantes del Convenio de Ginebra, “obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y hacerlas comparecer ante los (propios) tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes”. Si bien es cierto que su cumplimiento de objetivos es discutible y que hasta ahora ha estado enfocada casi exclusivamente hacia el continente africano, aún así parece probado el doble efecto positivo que la Corte ha provocado durante estos diez años: en primer lugar, que los crímenes contra la Humanidad antes o después serán juzgados y, en segundo lugar, como toque de atención a las jurisdicciones nacionales. La Corte está dispuesta a hacer los deberes que otros tribunales no quieran (o no puedan) llevar a cabo.

Del mismo modo, es interesante la experiencia vivida al respecto en distintos países latinoamericanos, así como la reciente decisión del juez Fernando Andreu de procesar a cuarenta militares ruandeses en la Audiencia Nacional española por delitos de genocidio, lesa humanidad y terrorismo; añadiendo una más a las jurisdicciones que ya actuaban hasta entonces en el país africano.

Por lo tanto, a pesar de algunos reveses sufridos como el paso atrás que –bajo presión estadounidense- dio la jurisdicción belga hace cinco años, la persecución de la impunidad sigue adelante cada vez con más herramientas de actuación y la jurisdicción universal –con ese mismo fin- cada vez es asumida por más tribunales nacionales.

• Felipe Gómez Isa, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto escribe sobre la eventual entrada en escena del Tribunal Penal Internacional en el proceso de desmovilización, enjuiciamiento y castigo de los paramilitares en Colombia. +Más
• Manuel Ollé Sesé, Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) señala los efectos más importantes de la aplicación del principio de justicia universal por jurisdicciones nacionales. +Más
• Gaby Oré Aguilar, abogada y consultora internacional reflexiona sobre el significado y los retos de la justicia universal en la lucha contra la impunidad en América Latina. +Más
• Jordi Palou Loverdos, abogado y mediador en conflictos considera que a pesar de numerosas dificultades hay avances sólidos orientados al fin de la impunidad de los crímenes internacionales. +Más Jordi Palou además es Representante legal de las víctimas y del Forum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos y Miembro del International Criminal Bar.