La dictadura de la delincuencia

Jean-Paul Marthoz - Enjeux Internationaux, Bélgica
(23/10/07)

Los espíritus progresistas europeos sienten cómo les invade una suave euforia cuando contemplan a Sudamérica. Los líderes de izquierda o centro izquierda dirigen los destinos de más de 33 millones de ciudadanos latinoamericanos. Escenario de brutales guerras civiles durante los años 80, el continente parece ahora pacificado, salvo la excepción de Colombia.

Sin embargo, la muerte y la violencia siguen estando presentes. Desde hace meses, distintos sucesos particularmente macabros aparecen en primera página de la prensa sudamericana. En Uruapan, Méjico, unos traficantes de droga tiran cabezas humanas en medio de una pista de baile, como aviso a los que busquen camorra. En Guatemala, tres diputados salvadoreños son asesinados y carbonizados en su coche. Sus presuntos verdugos, unos policías, son asesinados a su vez en sus celdas. En Brasil, la violencia en las chabolas alcanza proporciones alucinantes, hasta llegar a cooperantes franceses, asesinados a finales de febrero en la sede de su organización, en Río de Janeiro.
“La región está en estado de asedio”, advierte el profesor Mark Ungar. “Los homicidios aumentaron un 41% durante los años 90, tres veces más que en el resto del mundo. Durante los últimos diez años, un sudamericano de cada tres ha sido víctima de una agresión o de un robo. En prácticamente todos los sondeos, la crisis de seguridad ciudadana constituye la primera o segunda preocupación de la opinión pública.” Aunque haya ejemplos de descenso de la criminalidad, como en las ciudades colombianas de Medellín y Bogotá, el panorama general es muy sombrío: en Brasil, entre 2004 y 2006, casi 19.000 personas murieron asesinadas sólo en el Estado de Río de Janeiro. En Colniza, una ciudad de 12.000 habitantes situada en el estado de Mato Grosso, apodada “la capital brasileña del homicidio”, se cuentan 165 homicidios por cada 100.000 habitantes (frente a 6,80 en Estados Unidos).
En un libro (Violence and the Violent in Latin America, Penguin, 1991) sobre los años 80, marcados a fuego por las “desapariciones” en Argentina, la guerra de la droga en Colombia y las guerras del Salvador y Nicaragua, la periodista americana Tina Rosenberg describía largamente la trivialización de la violencia. “Lo significativo, escribía, es que esta violencia es política: planificada, deliberada, dirigida por grupos organizados de la sociedad contra miembros de otros grupos y perpetrada por instituciones cuyo cometido es proteger a los ciudadanos”. En efecto, durante esta época la inseguridad provenía fundamentalmente del Estado. Los siniestros automóviles Falcon que circulaban por las calles de Buenos Aires para cazar a los oponentes pertenecían a la policía secreta o a las fuerzas armadas. En Chile, el general Pinochet podía afirmar “no se mueve ni una piedra sin que yo lo sepa”. El asesinato de los disidentes respondía a una política de terrorismo de estado.
El sórdido fenómeno de los “paramilitares” también era un asunto de Estado. En El Salvador, los escuadrones de la muerte, que ajusticiaban a los militantes de izquierda o a los “curas rojos”, estaban compuestos por funcionarios de policía que, por la noche, hacían horas extraordinarias para cumplir su cuota de cadáveres en los grandes cementerios bajo la luna. El paramilitarismo colombiano, culpable de violaciones masivas de los derechos humanos, reprodujo ese mismo modelo de colusión política entre el crimen y las instituciones del Estado.
Hoy en día, la delincuencia común se ha convertido en la principal fuente de inseguridad y en una de las principales causas de violaciones de derechos humanos. Simbolizando el fracaso del Estado, constituye una “nueva dictadura”, que impone un ambiente de violencia y arbitrariedad que cuestiona el derecho a la vida y a la integridad física o psicológica. Acrecienta la vulnerabilidad de los ciudadanos, sobre todo de los más pobres, víctimas de las bandas que las extorsionan y aterrorizan, pero también de la policía que los convierte en sospechosos, por pobres, de ser proclives al crimen.

¿Por qué se produce esta violencia? “Porque en Sudamérica, las relaciones económicas y políticas siempre se han basado, desde la conquista española, en el poder y no en el derecho”, contesta Tina Rosenberg. Pero el continente está pagando también las consecuencias de la indiferencia abismal de sus élites con respecto a la inmensa cuestión social. El regreso a la democracia ha coincidido incluso en la mayoría de los países con un crecimiento de la pobreza. El debilitamiento generalizado de los servicios públicos (educación, salud), en el marco de programas neoliberales de privatización, ha exacerbado las irregularidades sociales, las mayores del mundo, alimentando la violencia.
La “junglarización” de la sociedad se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes a los que deben enfrentarse los nuevos gobiernos de izquierda. La criminalidad es un “ataque contra el desarrollo”, escriben unos expertos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que estiman el coste total de la criminalidad en 145.000 millones de dólares anuales, es decir el 12% del Producto Interior Bruto.
También amenaza con poner de nuevo el continente en manos de la tentación autoritaria. Unos ciudadanos hartos se toman la justicia por su mano, linchan a delincuentes y dan la razón a los escuadrones de la muerte que emprenden operaciones de limpieza social eliminando a niños de las calles o a traficantes. Las políticas de mano dura aplicadas en países de América Central enfrentados a las bandas - las maras - compuestas por decenas de miles de miembros, implican casi siempre un componente arbitrario en la policía y una restricción de las garantías individuales. El espectro de una nueva militarización resurge con el envío de miles de soldados, en Brasil o en Méjico, para combatir a traficantes y delincuentes.
Con el tiempo, la dictadura de la delincuencia puede dar paso a la delincuencia de la dictadura.