Cohesión Social y democracia en América Latina
Dirk Kruijt, Universidad de Utrecht
Desde hace más de dos décadas América Latina está gozando de regímenes democráticos. Durante las dictaduras, muchos actores de la izquierda opinaban que la única vía para establecer gobiernos progresistas era una revolución por medio de la lucha armada. Hoy en día, muchos de los países de la región tienen gobiernos de izquierda, legalmente elegidos en las urnas. A lo largo de gran parte del siglo veinte, los cambios no electorales de gobierno se producían por golpes de Estado que habitualmente llevaban al poder a juntas militares y ministros en uniforme. A partir del año 2000, todos los cambios de gobierno por métodos no electorales se realizaron por movimientos de la “democracia de la calle”: renuncias presidenciales ante movimientos populares espontáneos, movimientos de protesta en los barrios, marchas populares, huelgas de brazos caídos, movimientos políticos espontáneos en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. ¿Podemos decir entonces, que hemos alcanzado la situación perfecta a principios del siglo veintiuno?
No completamente. La democracia en América Latina coincidió con una década de crisis económicas y programas de ajuste estructural. Fue una década de recomposición dramática de la economía y la sociedad con consecuencias descomunales para las clases medias, la clase obrera urbana, los pobladores de los barrios populares y la población rural. En efecto, se produjo una informalización de la economía y de la sociedad junto a la exclusión social de contingentes considerables de la población. Existe una profunda desconfianza que se relaciona con la orientación política de los informales y los excluidos - expresada consistentemente en los sondeos del Latinobarómetro - frente a las instituciones de la democracia, tales como el parlamento, los partidos políticos, el sistema legal y las cortes. En otras palabras: una de las principales consecuencias sociales y políticas de la informalidad y la exclusión es la erosión de la legitimidad del orden civil, político y público.
Pero el principal problema de la democracia latinoamericana no es solamente la consolidación de lo informal ni la desconfianza en las instituciones electorales y del orden formal. Es también la falta de cohesión social que da la pauta moral para lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Hay una expansión gradual de una zona gris que demarca la diferencia entre lo formal y la informalidad, la decencia y la ilegalidad, el respeto por la ley y la criminalidad, la sociedad civil y la sociedad no civil. Esta zona gris de indeferencia e indefinición genera las formas híbridas de injusticia dentro de la legalidad, de inseguridad dentro del marco de la ley, de informalidad dentro de las instituciones del orden. En vez de negociar con sindicatos laborales, el empleador moderno despide a gran parte de sus trabajadores estables y subcontrata cooperativas que a su vez contratan jornaleros por días o por semanas sin derechos laborales (Colombia). Un ministro de trabajo progresista propone dejar inoperante la legislación existente referida al horario de ocho horas por día, la prohibición del trabajo infantil y el pago del salario mínimo en las microempresas (Perú).
Además, a partir de los años 90 se comenzaron a identificar las profundas divisiones urbanas. Éstas se caracterizan por la falta de seguridad humana y la falta de la presencia de autoridades protectivas en las partes descuidadas del territorio urbano, donde la informalidad suele coincidir con la violencia. Actores armados, en parte procedentes de las instituciones y bandas de (ex-)combatientes (fuerzas armadas, paramilitares, frentes guerrilleros), y por otra parte perteneciendo a bandas criminales y bandas juveniles, lograron montar sistemas paralelos de violencia de significado y postura nacional en países como Colombia, Guatemala y México, y en un sentido tal vez más restringido, en Argentina, Brasil, El Salvador, Honduras y Perú.
En estos “vacíos de gobierno”, formados debido a una prolongada ausencia de las autoridades y representantes legales de la ley y el orden en áreas urbanas y a veces rurales específicas, emerge una simbiosis osmótica entre el Estado (en concreto, la policía y el sistema legal), la criminalidad común y elementos criminalizados de (ex-) miembros de las fuerzas armadas, unidades paramilitares y combatientes guerrilleros. Entonces la Ley y la Justicia locales se adaptan al resultado del orden oscilante entre las fuerzas paralelas de grupos locales de poder y autoridades morales como dirigentes de asociaciones de vecinos, pobladores, sacerdotes o pastores evangélicos. Éstos a menudo lograron encontrar una convivencia pragmática con los nuevos representantes de la ley paralela y del ajusticiamiento: los traficantes de droga, los criminales, los líderes de bandas juveniles mareros.
A veces, las nuevas autoridades de la criminalidad cobran también impuestos paralelos y demuestran cierta benevolencia hacia el desarrollo local, ofreciendo financiamiento a las ONG locales en las favelas, barriadas o villas de miseria. En algunos casos también negocian explícitamente con los líderes religiosos locales, quienes aprendieron a convivir en relaciones de coexistencia pragmática. Los traficantes en las villas argentinas, las favelas brasileñas, los tugurios colombianos y las zonas guatemaltecas de miseria han reproducido escenarios de guerra o guerrilla nacional en los territorios urbanos. Resulta paradójico que varios gobiernos nacionales y municipales latinoamericanos, así como los líderes populares y las autoridades religiosas en su contexto local, hayan aceptado una coexistencia pacífica de facto con los actores no-estatales de la violencia.
La pregunta clave es, en efecto: ¿durante cuánto tiempo más puede ser garantizada la estabilidad del orden económico, social y político en América Latina en este precario equilibrio entre niveles “aceptables” de exclusión y niveles “aceptables” de violencia?