La justicia de género es la protección y la promoción de los derechos humanos con base en la equidad de género. Los obstáculos y dificultades que enfrentan las mujeres en los sistemas judiciales, en efecto, representan una de las expresiones más significativas de la desigualdad de género. Esto es particularmente cierto cuando se trata de crímenes sexuales, cometidos en situaciones de conflicto armado o de post-conflicto, que suelen permanecer impunes y para los cuales apenas existen mecanismos de reparación para las víctimas. Los cuerpos de millones de mujeres y niñas siguen siendo usados como campos de batalla. La violencia sexual es y sigue siendo un arma de guerra. La categorización de los crímenes sexuales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el Estatuto de Roma de 1998, que dio paso al establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), así como la participación de las víctimas y testigos en los procesos judiciales suponen un hito en la lucha contra los crímenes de naturaleza sexual cometidos en situaciones de conflicto o post-conflicto. Sin embargo, queda aún mucho por hacer. Estas normas todavía tienen que ser incluidas en las legislaciones o los procedimientos criminales nacionales. La Corte Penal Internacional debe servir como un instrumento para reforzar los sistemas judiciales nacionales de un modo efectivo. +Más